Chile no es una anomalía en América Latina, sino una pieza funcional de un diseño histórico mayor. Desde el siglo XX, y con particular nitidez tras el golpe de 1973, el país ha operado como un laboratorio avanzado de la intervención estadounidense, no solo en términos económicos, sino también políticos, culturales y militares. La dictadura no fue un exceso, sino un momento de reorganización violenta del bloque de poder que permitió instalar un modelo de acumulación extrema, blindado institucionalmente y luego administrado por gobiernos de distinto signo.
La llamada transición no alteró este núcleo duro. Por el contrario, lo normalizó. Las fuerzas que se presentaron como alternativas al autoritarismo asumieron como propio el marco estructural heredado: privatización de los bienes comunes, financiarización de la vida, subordinación del Estado al mercado y una política exterior alineada con los intereses del centro imperial. La democracia chilena nace así condicionada, no como ruptura, sino como pacto de gobernabilidad entre fracciones de una misma élite.
Este acuerdo transversal explica por qué el saqueo del país no es patrimonio exclusivo de una derecha explícita, sino una práctica compartida. La élite política —con matices discursivos— converge en lo esencial: resguardar el modelo extractivista, garantizar la rentabilidad del capital transnacional y contener cualquier intento de transformación estructural.
El reformismo, lejos de ser una vía de cambio, ha operado como un mecanismo de adaptación funcional del poder, absorbiendo la conflictividad social sin alterar las relaciones de dominación.
Chile cumple, además, un rol estratégico en la región. Su estabilidad neoliberal, su institucionalidad rígida y su inserción subordinada en el comercio global lo convierten en una plataforma de disciplinamiento para América Latina. No es casual que se lo presente como un “caso de éxito”: su función pedagógica es mostrar que es posible una sociedad altamente desigual, despolitizada y endeudada que, aun así, se autopercibe como democrática. En ese sentido, Chile no solo reproduce el orden norteamericano: lo legitima.
Este modelo entra hoy en una fase de agotamiento histórico. La erosión del Estado, la precarización generalizada y la pérdida de horizontes de vida digna ya no pueden ser contenidas únicamente por la promesa de movilidad individual. Ante esta crisis, la élite no ofrece transformación, sino una deriva autoritaria. El ascenso de proyectos reaccionarios neo y tecnofascistas no constituye una ruptura con el modelo, sino su expresión defensiva cuando el consenso se resquebraja.La ausencia de una oposición real es clave para comprender este escenario. Cuando todas las alternativas institucionales aceptan los límites del orden existente, el conflicto social queda huérfano de representación política. El resultado es un pueblo expuesto a un sistema que profundiza su explotación, mientras se le exige moderación, paciencia o resignación. La gobernabilidad se convierte así en sinónimo de desposesión administrada.
Todo esto permite que un líder autoritario, sin ideas propias, del mismo origen y sector del pinochetismo, administre el Estado chileno y que al mundo le parezca algo sensato. La prensa oculta sus intereses, actuando como cortafuegos de los poderes locales, y el gobierno actual incluso tiene el atrevimiento de ensalzar la idea de que un fascista ascienda al poder del Estado sin mayor cuestionamiento.
Desde una perspectiva de formación política, esta lectura es fundamental. No estamos ante errores de gestión ni desviaciones morales, sino frente a una estructura de poder coherente, sostenida por acuerdos de élite y anclada en una lógica de subordinación a un Estado extranjero que niega la sustentabilidad de la vida digna. Comprender esta continuidad es condición necesaria para cualquier proyecto emancipador y de auténtica soberanía. No hay ruptura posible con el modelo que pueda lograrse mediante reformas que terminan reforzando lo existente.
Chile, en este sentido, no enfrenta solo una crisis política, sino una crisis civilizatoria. La disputa no es meramente electoral, sino histórica, se trata de decidir si el país seguirá funcionando como engranaje del saqueo continental o si será capaz de construir un horizonte propio, basado en la soberanía, la justicia social y la centralidad de la vida por sobre el capital.
